Actualmente, la paridad cambiaria del bolívar, digamos frente al dólar,
se calcula según las disponibilidades de esta divisa y las de nuestro
circulante monetario. A mayor cantidad de bolívares, mayor devaluación o
menor paridad frente al dólar, y viceversa. Como el resto de los países
pertenecientes al mercado capitalista también opera con la misma divisa
internacional, cada bolívar vale determinada cantidad de las otras
monedas cuyas paridades se vienen calculando con el mismo procedimiento.
Por otra parte, vemos con estupor cómo en Venezuela han estado
proliferando los comerciantes al por mayor y al por menor, sin control
alguno con los volúmenes de oferta ni de tipos de mercancías
[1].
No sólo numerosísimos intermediarios de mercancías importadas, sino-más
grave-de intermediarios de mercancías fabricadas dentro del país, a
pesar de todos los innegables esfuerzos que hace el Estado para acercar
máximamente el producto al consumidor final. El país carece de
parámetros que indiquen cuántos intermediarios y de qué envergadura
comercial resultan necesarios para cada mercancía, importada o
nacional, con estricto arreglo a la geografía de producción y puertos de
entrada.
Como sabemos, el volumen de una determina mercancía no depende sólo del
números de fábricas que las produzcan; finalmente influye la capacidad
potencial y operativa de las muchas o pocas fábricas que estén
autorizadas por el Estado.
En la medida que el Estado obligue, sugiera y determine la capacidad de
instalación fabril que satisfaga la demanda potencial, y vigile de cerca
la capacidad operativa diaria que regularmente necesita cada empresa de
producción para satisfacer a su clientela, en esa medida la oferta irá
dando cuenta de la formación de precios decrecientes con los cuales el
poder adquisitivo del bolívar irá creciendo.
Este crecimiento del poder adquisitivo de cada bolívar le permitirá al
Estado hacer ajustes inversos a los que ha vendido practicando, es
decir, podrá rebajar sueldos y erogaciones dinerarias varias sin
perjuicio alguno para sus beneficiarios.
Es un hecho que desde hace décadas el Estado ha venido elevando el
volumen de los salarios, el salario mínimo y los volúmenes de
erogaciones monetarias para trabajadores y no trabajadores.
Porque de los que se trata es de que el Estado ahora vaya obligando a
cuotas mínimas de oferta para cada fabricante e importador, con el
compromiso-por parte del Estrado-de adquirir cualquier excedente que
coyuntural o eventualmente surja por desajustes transitorios entre la
oferta y la demanda, desajustes que, por cierto, siempre han frenado la
producción de estos empresarios, y, por el contrario, siempre han jugado
a recortes de oferta y multiplicación de intermediarios.
Las subas anuales de salarios, y con ello la devaluación inducida del bolívar
[2],
no sólo han sido el resultado del encareciendo de los precios
comerciales-no de los costes de producción-, pero sin que la producción o
las fábricas hayan podido hasta ahora adecuar sus volúmenes de oferta a
fin de abaratar costos y precios.
Por eso, el Estado debe necesariamente regular la operaciones fabriles,
obligar a que sus dueños se comprometan a operar y alcanzar metas
prefijadas en el menor tiempo posible, so pena de salir de las nóminas
de empresas autorizadas para tales fines.
El número de intermediarios resultará una consecuencia necesaria de la
elevación de la producción, y finalmente el volumen de circulante en
bolívares irá bajando sin que por ello el tenedor de salario vea mermada
su capacidad real de compra de bienes en general.
Con ese control planificado para la oferta nacional, el volumen
monetario de bolívares necesarios, según la oferta-demanda, podrá irse
acercándose al volumen de divisas disponibles como
reservas internacionales.
El bolívar se irá revalorizando e hipotética y perfectamente
podríamos alcanzar una paridad 1/1 frente al dólar, y hasta disponer
de una moneda nacional más potente que esa divisa. Porque sólo con mayor
producción y menos intermediarios podremos revalorar nuestro bolívar.
[1]
El único control de comerciantes lo lleva a cabo las Alcaldías porque
estas cobran impuestos sobre las ventas, de tal manera que dichas
alcaldías han estado pechando dos y más veces e indebidamente un mismo
volumen de oferta. Se ha pechado al fabricante y a todos y cada uno de
los comerciantes.
[2]
De perogrullo, a mayores salarios mínimos, mayor volumen de circulante
en moneda nacional, y mayor devaluación inducida de nuestra moneda.
Esta devaluación inducida por el Estado motiva nuevas alzas de precios, y consecuencialmente provoca nuevos ajustes salariales.
Tomado de aporrea.org